El Partido Popular denuncia que la Diputación de Cáceres no protege los intereses de los empresarios cacereños

• Los Populares afirman que casi la mitad de los contratos adjudicados durante el 2016 “por invitación” se han concedido a empresas de fuera de la provincia

7 de junio 2017.- El Grupo Popular de la Diputación Provincial de Cáceres quiere denunciar que por parte de la Diputación Provincial de Cáceres, al igual que la Junta de Extremadura, tampoco se protege a las empresas de la nuestra provincia, a tenor de los resultados que arroja la Comisión Informativa de Compras y Suministros de la Institución.

Estos resultados indican que casi la mitad del importe contratado, concretamente el 45,37% de un total 1.041.541,48 euros, se ha adjudicado a empresas de fuera de la provincia de Cáceres, lo que supone un claro ejemplo de lo poco que le importa al equipo de gobierno socialista el tejido empresarial provincial.

Lo realmente grave de este dato, no es solo el importe, sino que estas adjudicaciones se realizan “por invitación de la Diputación”, por lo que todo o casi todo lo contratado, podría quedarse en la provincia generando un beneficio evidente en el tejido productivo cacereño, sin necesidad de recurrir a empresas de otras comunidades autónomas.

Estos datos son los extraídos de la Comisión Informativa de Compras y Suministros durante el ejercicio 2016, y que se refieren exclusivamente a contratos menores de compras y suministros por un importe entre los 1.500 euros hasta los 18.000 euros IVA excluido. Así lo dispone la Base de Ejecución 41 del Presupuesto 2017 de la Diputación Provincial de Cáceres.

Desde el Grupo Popular esta situación se ha denunciado en numerosas ocasiones tanto en la Comisión Informativa como en el Pleno de la institución provincial, sin que hasta la fecha se haya dado ninguna explicación ni se haya rectificado esta práctica claramente perjudicial para los intereses de nuestra provincia.

Otro agravante, desde el punto de vista del Grupo Popular y que sí conlleva responsabilidad política, es que la mayor parte de los contratos y pagos es preceptivo el visto bueno del Diputado delegado del área correspondiente, lo que supone el conocimiento y autorización del Diputado de cada gasto.

El Grupo Popular considera extremadamente grave esta práctica, no solo porque demuestra el poco interés de Rosario Cordero y su equipo de gobierno socialista a la hora de ayudar a las empresas cacereñas, sino que además demuestra una preocupante insensibilidad hacia los muchos desempleados existentes en la provincia, así como que falta a su palabra dada reiteradamente en las elecciones municipales de proteger a los empresarios cacereños.

Desde el Grupo Popular se advierte que tras numerosas protestas planteadas al respecto, si esto sigue así, comenzarán a exigir responsabilidades políticas ya que nada justifica esta falta de respeto a las empresas cacereñas.