El Partido Popular de la Diputación de Cáceres denuncia que el servicio de Intervención acumula cerca de 3000 expedientes sin resolver

• Alfredo Aguilera considera que el Plan Extraordinario de Productividad propuesto por el PSOE parece una broma de mal gusto y atenta contra la dignidad de los funcionarios

27 de julio 2017.- El Portavoz del Partido Popular en la Diputación de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha afirmado que el Plan Extraordinario de Productividad que quiere poner en marcha el equipo de gobierno socialista, es la constatación de la incapacidad de gestión que tiene el equipo de gobierno para gestionar la Diputación.

Desde el PP se estiman que son cerca de 3.000 los expedientes que se acumulan en el servicio de intervención y que están sin fiscalizar, motivo por el que las Subvenciones y los Planes extraordinarios tardan tanto en resolverse. Esta paralización también está provocando que entre las Resoluciones provisionales y las definitivas pueden pasar hasta dos meses como ya ha ocurrido. Otras inversiones paradas son: el Plan de Accesibilidad del 2016, el Plan Extraordinario aprobado en mayo o el Plan Activa 17/18 entre otras.

Para Aguilera, el PSOE se justifica desde la mentira, para no reconocer su incapacidad, cuando indican que los expedientes se acumulan desde el 2012 y que debido a la gran actividad de la Diputación, pero la realidad, es que se acumulan porque han desmantelado el Servicio de Intervención de la Diputación, y muestra de ello, es que en este servicio ante había 24 personas ahora apenas hay 10.

Para los Populares la Presidenta y todo su equipo de gobierno ha estado más pendiente de la caza de brujas de la interventora y otros funcionarios, que de gestionar los intereses de la Diputación. De hecho, la situación a día de hoy es que el procedimiento todavía sigue abierto, además otra funcionaria de Intervención ha denunciado a la Diputación y en lo que va de legislatura ya hemos tenido cuatro interventores en la casa.

Ante esta situación, el PSOE ahora propone que los funcionarios se lleven los expedientes a casa para fiscalizar, es decir, toda la fiscalización de los procedimientos de subvenciones, ayudas, convenios o cualquier actividad de fomento incluida en los capítulos IV y VII del Presupuesto, además proponen que los funcionarios cobren por la resolución de estos procedimientos ofreciendo 6 euros por la resolución de los expedientes muy complejo y los de naturaleza sencilla proponen pagarlos a 2 euros. Además, dos Coordinadores se encargarán de firmar y coordinar los informes a un precio de 0,5 euros el expediente.

Al Partido Popular de la Diputación de Cáceres esta propuesta le parece una broma de mal gusto y entiende que va en contra de la dignidad de los funcionarios de la casa, demostrando una vez más, la incapacidad manifiesta de la Presidenta y de todo su equipo de gobierno para gestionar una institución tan seria como esta.

Por otro lado, Alfredo Aguilera también ha denunciado que el PSOE va a realizar una vez más una nueva modificación de la RPT, con esta ya serían tres en este 2017, lo que supone otro ejemplo del desgobierno que existe en la institución pues después de dos años de gobierno del PSOE.

Los Populares han resaltado que una cosa es que la RPT sea un instrumento vivo de regulación del personal, y otra cosa distinta es que sea un instrumento mareado porque no encuentran su modelo de gestión. De hecho, el Portavoz de los Populares ha recordado que en esta legislatura ya se ha anulado el Reglamento Orgánico en el que se basa la RPT por Sentencia del TSJ y actualmente recurrido en Casación ante el TS, además el PP tiene un Recurso de Reposición sin contestar todavía, porque entre la gente que cesan, los que se les van, la falta de capacidad de algunos Diputados que tienen que sustituir por personal directivo, la falta de requisitos de algunos directivos que desempeñan cargos sin la categoría correspondiente, el PSOE no es capaz de gobernar la institución, por ello, van a crear de nuevo 3 plazas más de Cargos Directivos, además desde el PP creemos que  algunos puestos tienen nombre y apellidos, entre ellos de algún conocido socialista. Y avisamos a la Presidenta y a todo su equipo que vamos a estar atentos a estos nuevos nombramientos porque iremos hasta el final para denunciar este despropósito.

Por último, el Portavoz de los Populares ha manifestado que con relación al Protocolo de Colaboración Junta de Extremadura para el abono de las deudas de la provincia de cáceres que asciende a 4,3 millones de euros a pagar en 5 años a razón del 20%. Este asunto no se va a aprobar en el Pleno, ya que se ha hecho a través del Consejo Rector del OARGT, lo que al PP le parece un favoritismo de la Diputación a favor de la Junta y un agravio a los ayuntamientos de la provincia porque se inicia ante la insistencia de los grandes Ayuntamientos de cobrar a la Junta lo que debe, por lo que consideramos lo siguiente: no debería escribirse y firmarse lo que es una obligación de cualquier sujeto pasivo, no debería tratarse con favoritismo a la Junta frente a los Ayuntamientos, además, adolece de errores graves, que no se han subsanados a pesar de los informes de fiscalización porque solo se habla de principal y nada de intereses de demora, no tiene incluidos los recargos de apremio y de vía ejecutiva y todas las deudas de las administraciones públicas son apremiables, por tanto, se exigirá los recargos e intereses de demora que procedan (art. 70 del RD 939/2005, de 29 de julio, reglamento general de recaudación).

Ante esta situación, el PP de la Diputación de Cáceres considera que con este protocolo, el equipo de gobierno socialista demuestra, una vez más, que está más pendiente de defender los intereses de sus compañeros socialistas de la Junta que de defender a los Ayuntamientos de la provincia de Cáceres.