El GPP manifiesta su “hartazgo” ante la “enésima” utilización política de la Educación por parte de la Junta de Extremadura

Ve detrás del recurso contra las evaluaciones de ESO y de Bachillerato un “burdo” intento de enmascarar el “bochornoso” inicio de curso

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Pilar Pérez, ha manifestado su “hartazgo” ante la que considera la “enésima” utilización política que la Junta hace de la Educación, en referencia al anuncio de la consejera del ramo, Esther Gutiérrez, de interponer un recurso contra el decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y de Bachillerato.

Para Pérez, después del “espectáculo gratuito” que ofreció la consejería al final del curso pasado, esta “nueva bomba de humo” responde a una “maniobra burda” para tapar el “bochornoso” comienzo de este curso escolar, “plagado de incidencias” y de “ataques injustificados” a los principios de la Ley de Educación de Extremadura y de la Constitución.

En este sentido, ha exigido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que “saque tiempo de sus actividades como secretario general de los socialistas extremeños”, para dedicarse a “poner orden” en el “descontrol” que Gutiérrez está sembrando en la comunidad educativa, donde padres, estudiantes y profesores “asisten estupefactos a una maniobra política que solo se basa en la defensa de los intereses del PSOE”.

“Reclamamos, otra vez, que se retome el consenso educativo en esta región”, ha dicho y ha argumentado que, desde el inicio de esta legislatura, los extremeños están siendo testigos de cómo la Junta “juega con sus legítimos derechos” y “se pasa los días amenazando con incumplir las leyes a su capricho”.

Desde el principio, la consejera, “sin ningún pudor” ha mostrado sus intenciones “sectarias”, ha señalado la portavoz del GPP en materia educativa y ha recordado que “los vaivenes que dio con las pruebas de primaria ya derivaron en un requerimiento por parte del Gobierno de España, que ya veremos en qué termina y cuáles son sus consecuencias”.

Con esos antecedentes sobre la mesa, ha dicho Pérez, resulta “incomprensible” que “se siga alardeando de la intención de incumplir la ley”, sin pensar en el “perjuicio” que se está causando a los profesores y a las familias extremeñas y tampoco en las responsabilidades jurídicas de “todo orden” para los responsables actuales que “vulneran la ley a sabiendas de lo que hacen”, ha concluido.